Inicio de debate Sr. Decano Samuel Arancibia

1.- Entiendo que Chile adquirió MMUS$ 50 en acciones del Banco Andino. Me interesa saber algo de este banco. ¿Quiénes participan en su propiedad y en qué proporciones? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Qué beneficios espera obtener Chile de esta inversión? ¿Qué in gerencia tiene nuestro país en la Administración y en el Directorio de esta institución?
Muchas gracias.

2.- Apreciaría cualquier comentario respecto a dónde quedan los 25 Principios Básicos de Supervisión Bancaria elaborados por lo directivos de Basilea y que pasa con los requerimientos de capital (y cuál es el actual grado de cumplimiento) de los requerimientos de capital de las instituciones bancarias afectadas por la así llamada crisis de los préstamos hipotecarios “Sub-prime”.
Apreciuaría a simismo cualquier comentario sobre la securitización a la luz de lo ocurrido; entiendo que la mayoría si no la totalidad de estos créditos habían sido securitizados? ¿Cuaál fue la estimación original de riesgo de estas hipotecas y de los bonos a que dieron origen?

Gracias.

Samuel Arancibia

PROFESIONALES SE MUESTRAN OPTIMISTAS ANTE EL ESCENARIO ECONÓMICO ACTUAL.

Los resultados del sondeo de opinión realizado por la Escuela de Negocios de la Universidad de Las Américas a 90 profesionales de entre 25 y 35 años de edad, que se desempeñan en el área de los negocios, mostraron que el 46% está optimista respecto de la situación económica actual y del crecimiento económico de Chile, hasta fines del actual periodo presidencial.

Asimismo, el 33.4% de los encuestados opinaron que se debe mejorar el fomento al desarrollo de la pequeña y mediana empresa mientras que un 19.05% cree lo mismo sobre la inversión en educación, ya que son los factores críticos para mejorar la situación económica del país.

El 31.7% del total consultado opina que en materia de gasto público, la gestión económica ha sido positiva y un 39.6% piensa que la política monetaria ha sido adecuada. No obstante, el 22.3% y el 28.5%, manifestó que en materias de educación y en seguridad ciudadana, respectivamente, el desempeño ha sido malo.

En relación al comportamiento de las variables macroeconómicas, el 34.9% de los encuestados espera que la tasa de inflación suba, el 18.8 % piensa que el dólar se mantendrá, el 31.7% considera que la tasa de interés subirá y el 14% cree que el desempleo aumentará.

En general, la percepción de los profesionales del área de negocios es que el año 2008 será un año difícil en materia económica, teniendo en cuenta los reajustes en los precios que se producirán, producto de la inflación, incluyendo los costos de la educación y sin dejar de lado los problemas energéticos que se reflejan directamente en el precio de la energía.

TRANSANTIAGO "EVASIÓN Y EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR "

Uno de los graves problemas que enfrenta el Transantiago, y que repercute directamente en los ingresos y en la sustentabilidad del proyecto, tiene que ver con la evasión que realizan los consumidores al momento de pagar el valor de su traslado de un punto a otro.

La pregunta es a qué se debe la evasión. Hay varias posibles respuestas al respecto como por ejemplo, que una parte de los usuarios lo hace por patología, otra parte porque siente que no debe pagar por un servicio que no recibe o lo recibe de manera incompleta, otra por razones culturales y otra, porque durante estos cuatro meses de operación del Transantiago, no ha tenido que realizar ningún desembolso en transporte.

Esta última parte de los usuarios, refleja la teoría económica en cuanto a que el consumidor es maximizador y que su consumo depende del ingreso permanente. Si contabilizamos el ahorro producido en cada hogar por el concepto de no gastar en transporte, la cifra no es menor (considerando que para este grupo de consumidores, el valor del transporte representa una gran parte de su ingreso disponible) y por tanto, de cierta forma, los consumidores durante estos cuatro meses, han podido acceder al consumo de otros bienes o servicios que antes no podían adquirir. Por lo tanto, ha habido un cambio en la forma en que los consumidores realizan el gasto de su ingreso disponible.

¿Qué se puede hacer para que este consumidor no evada el pago del servicio?. El gobierno ha implementado el uso de fiscalizadores, incentivos a los conductores por pasajero transportado, el uso de la fuerza pública, entre otras medidas, no obstante, ninguna de las anteriores considera el fenómeno del cambio en los patrones de consumo de los consumidores. En este caso, deben proponerse medidas que apunten a que el consumidor mantenga el nuevo patrón de consumo y además, pague por el servicio. Esta tarea no es fácil.

Una propuesta puede ser el establecimiento de un subsidio del estado a los consumidores equivalente al “ahorro” generado para ellos por la evasión. Este subsidio podría entregarse cargándolo directamente a la tarjeta BIP del usuario.

En términos económicos este problema también se podria resolver, estableciendo un incentivo (un castigo) que sea mayor que el valor del pasaje que debe pagar el consumidor por acceder al transporte público, de manera que la utilidad esperada sea menor a la utilidad que se obtiene pagando el servicio.

Ambas son decisiones de política económica y la que se implemente sin duda debe ser evaluada por el gobierno considerando, entre otras cosas, la imagen actual del Transantiago, los costos de implementar un sistema de cobro para el “castigo”, la evaluación del costo del “castigo” vs la pérdida por evasión así como el impacto en la opinión pública.

Nuevos recursos en educación

La flexibilización del superávit estructural benefició casi exclusivamente a la educación. Esta vinculación es bienvenida. La deficiente calidad de nuestra educación no es sólo de recursos, pero no cabe olvidar que mientras los países industrializados gastan en promedio el 26 por ciento de su ingreso per cápita en un joven que cursa la educación secundaria, en Chile esa proporción apenas llega al 20 por ciento. La propuesta gubernamental contempla canalizar estos recursos a través de nueve iniciativas, tres de las cuales consumen el grueso de los recursos. Las seis restantes incluyen un aumento en las becas para la formación técnica superior, financiamiento de pasantías en el exterior para técnicos, aumentos en la subvención para la educación rural y de adultos, capacitación para jóvenes vulnerables y bibliotecas familiares.
El aumento de la subvención general consume aproximadamente dos tercios del monto de 650 millones de dólares anunciados. Es positivo que se intente encauzar por esta vía los recursos para educación. En el pasado se han privilegiado programas ministeriales de dudosa eficacia. Por cierto, se deben postular cambios institucionales que aseguren que estos recursos realmente se traducirán en mejor educación. Las comparaciones a partir de las pruebas internacionales en que participa nuestro país indican que el desempeño está por debajo de lo que deberían lograr los recursos que ya se destinan a educación. Los cambios a la LOCE que se discuten en el Congreso y los proyectos de ley que se anuncian deben evaluarse a la luz de su efectivo aporte a la creación de un marco institucional que estimule a los establecimientos educativos a mejorar sus desempeños. Son éstos los que deben monitorearse, y no las inversiones realizadas con los nuevos recursos, como parece desprenderse de las declaraciones de algunas autoridades. Este último camino sólo da lugar a una innecesaria burocracia.
Dicho marco debe asegurar autonomía para los establecimientos educativos, porque, de lo contrario, es difícil responsabilizarlos de su desempeño. Ha trascendido que la Alianza, en su proyecto alternativo al de ley general en trámite, abordaría exhaustivamente esta materia. Esta necesidad también es compartida por amplios sectores de la Concertación. Al respecto, se echa de menos en los anuncios presidenciales una agenda más activa en este ámbito, que ciertamente debe incluir la revisión del Estatuto Docente. Si el centro de los esfuerzos educativos son nuestros niños y jóvenes, la captura del marco regulatorio por los profesores resulta inaceptable.
Hay que evitar que ese dominio por el profesorado se extienda también a los municipios. Algunos de los problemas de financiamiento que éstos enfrentan están ligados al Estatuto Docente, pero una gran proporción de ellos obedece a problemas de gestión que la autoridad central no puede validar. Los 100 millones de dólares anunciados para mejoramiento de la gestión deben realmente dedicarse a este propósito, y no transformarse en un subsidio a la mala gestión, lo que no convendría a los estudiantes ni al país.El tercer programa de mayor costo, 50 millones de dólares, es el incremento de la subvención preferencial para los establecimientos que reúnan una mayor proporción de alumnos vulnerables. La magnitud del aumento dependerá de la proporción de vulnerabilidad, que se definirá en cuatro tramos: 15 a 30, 30 a 45, 45 a 60, y más de 60 por ciento. Los recursos irán al establecimiento, rompiendo el principio actual de que el financiamiento es por estudiante. Así, si un alumno se va a otra escuela, perderá ese financiamiento. Este diseño parece consagrar la desintegración social y promover una educación en establecimientos estancos. Es difícil imaginar que tal sea el propósito de esta medida, pero los incentivos apuntan en esa dirección, haciendo urgente su reconsideración.

Apertura Decano Sr. Samuel Arancibia.