Nuevos recursos en educación

La flexibilización del superávit estructural benefició casi exclusivamente a la educación. Esta vinculación es bienvenida. La deficiente calidad de nuestra educación no es sólo de recursos, pero no cabe olvidar que mientras los países industrializados gastan en promedio el 26 por ciento de su ingreso per cápita en un joven que cursa la educación secundaria, en Chile esa proporción apenas llega al 20 por ciento. La propuesta gubernamental contempla canalizar estos recursos a través de nueve iniciativas, tres de las cuales consumen el grueso de los recursos. Las seis restantes incluyen un aumento en las becas para la formación técnica superior, financiamiento de pasantías en el exterior para técnicos, aumentos en la subvención para la educación rural y de adultos, capacitación para jóvenes vulnerables y bibliotecas familiares.
El aumento de la subvención general consume aproximadamente dos tercios del monto de 650 millones de dólares anunciados. Es positivo que se intente encauzar por esta vía los recursos para educación. En el pasado se han privilegiado programas ministeriales de dudosa eficacia. Por cierto, se deben postular cambios institucionales que aseguren que estos recursos realmente se traducirán en mejor educación. Las comparaciones a partir de las pruebas internacionales en que participa nuestro país indican que el desempeño está por debajo de lo que deberían lograr los recursos que ya se destinan a educación. Los cambios a la LOCE que se discuten en el Congreso y los proyectos de ley que se anuncian deben evaluarse a la luz de su efectivo aporte a la creación de un marco institucional que estimule a los establecimientos educativos a mejorar sus desempeños. Son éstos los que deben monitorearse, y no las inversiones realizadas con los nuevos recursos, como parece desprenderse de las declaraciones de algunas autoridades. Este último camino sólo da lugar a una innecesaria burocracia.
Dicho marco debe asegurar autonomía para los establecimientos educativos, porque, de lo contrario, es difícil responsabilizarlos de su desempeño. Ha trascendido que la Alianza, en su proyecto alternativo al de ley general en trámite, abordaría exhaustivamente esta materia. Esta necesidad también es compartida por amplios sectores de la Concertación. Al respecto, se echa de menos en los anuncios presidenciales una agenda más activa en este ámbito, que ciertamente debe incluir la revisión del Estatuto Docente. Si el centro de los esfuerzos educativos son nuestros niños y jóvenes, la captura del marco regulatorio por los profesores resulta inaceptable.
Hay que evitar que ese dominio por el profesorado se extienda también a los municipios. Algunos de los problemas de financiamiento que éstos enfrentan están ligados al Estatuto Docente, pero una gran proporción de ellos obedece a problemas de gestión que la autoridad central no puede validar. Los 100 millones de dólares anunciados para mejoramiento de la gestión deben realmente dedicarse a este propósito, y no transformarse en un subsidio a la mala gestión, lo que no convendría a los estudiantes ni al país.El tercer programa de mayor costo, 50 millones de dólares, es el incremento de la subvención preferencial para los establecimientos que reúnan una mayor proporción de alumnos vulnerables. La magnitud del aumento dependerá de la proporción de vulnerabilidad, que se definirá en cuatro tramos: 15 a 30, 30 a 45, 45 a 60, y más de 60 por ciento. Los recursos irán al establecimiento, rompiendo el principio actual de que el financiamiento es por estudiante. Así, si un alumno se va a otra escuela, perderá ese financiamiento. Este diseño parece consagrar la desintegración social y promover una educación en establecimientos estancos. Es difícil imaginar que tal sea el propósito de esta medida, pero los incentivos apuntan en esa dirección, haciendo urgente su reconsideración.